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Cartas a mi becaria asturiana: Derecho a decidir y pacto de convivencia

01/09/2006

Viste a Rodríguez Zapatero en aquel salón del Congreso. Salón que hace años era un bar en que se hacía más política que en el de plenos. El 29 de junio volvió a ser así. Discurso en el Congreso pronunciado mientras en el pleno los diputados hablaban de otras cosas que nada tenían que ver.

 

No sólo lo viste. Oíste sus palabras: “el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción”. Entendámonos bien. No es que Rodríguez Zapatero haya decidido traspasar la soberanía nacional a los ciudadanos vascos. No es eso. Simplemente renuncia a su ejercicio. Los usos forales del Antiguo Régimen son así. La ley se acata, pero no se cumple.

 

No me consta, aunque soy libre de interpretar indicios, que la renuncia a la soberanía nacional se la haya impuesto ETA al Presidente del Gobierno. Sí me consta que es lo que ha estado intentando la banda terrorista desde su origen. Tampoco me consta, aunque los precedentes no ayuden, que todos los párrafos del discurso en que se afirmaba el respeto a la legalidad fueran un puro relleno. Sí me consta que la confianza de muchos ciudadanos en las palabras de su Presidente es cada día menor.

 

No me consta tampoco que otra frase del discurso (“los partidos políticos y los agentes sociales, económicos y sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportunos”) se refiera a la mesa política con participación de Batasuna en la que se decidirá el nuevo marco “jurídico-político” del País Vasco. Sí me consta que es lo que viene reclamando ETA desde hace muchos años. Ni consta que cuando afirma que ese acuerdo político deba llevarse a cabo “respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones” se esté diciendo que la banda terrorista disfrazada de partido político vaya a volver a ser legal en breve plazo.

 

Quizá en esto consista todo. En que no nos consta nada de las intenciones del Gobierno. Pero nos consta que todo se mueve alrededor de un juego peligrosísimo que insiste en no tener en cuenta lo que ya se conoce de ETA. Ni tiene tampoco en cuenta el mensaje de debilidad del Estado de Derecho, si no de ruptura, que supone entrar en el lenguaje de los marcos de decisión, de los nuevos marcos de convivencia y de la igualdad de oportunidades para todos. Porque, aunque no hubiera nada más detrás, aunque no hubiera nada de eso que no nos consta, supone ya, de hecho, una concesión inadmisible a quienes han sembrado el terror por toda España durante cuarenta años.

 

Quizá alguien nos explique algún día la oportunidad de todo esto. Y nos explique por qué había que conceder el estatus de interlocutor político a una banda terrorista a punto de desaparecer gracias a la unidad democrática en su contra. 

 

 

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